La red opaca de la Junta andaluza costó 5.300 millones en 2008
¿Para qué sirven en Andalucía las 15 consejerías que integran el organigrama de la Junta, con sus correspondientes plantillas de personal, que suman más de 250.000 funcionarios, y con un presupuesto de 31.961.796.132 euros en 2008? Al parecer, para poco, porque la Administración socialista, que presidió durante veinte años el hoy vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha tejido durante todos estos años una Administración paralela de 54 empresas -según denuncia el PP- que escapa de cualquier control del Parlamento, que le permite realizar contrataciones a dedo de unas 20.000 personas (19.751 era su plantilla de trabajadores en 2007), sin ajustarse a la normativa que se aplica en las Administraciones públicas y cuyo funcionamiento es una auténtica incógnita. Además, el trabajo que realizan es el mismo que pueden llevar a cabo esas 15 consejerías, insiste la denuncia del PP.
Despilfarro
Pero si es grave que la Junta haya creado este entramado empresarial opaco, no es peor el coste que está teniendo para el bolsillo de los andaluces, un auténtico despilfarro en época de crisis, como así lo han reiterado una y otra vez los portavoces de la oposición en Andalucía. En 2008, en plena recesión económica, este entramado de empresas ha tenido un coste de 5.282.639.111, 13 euros, según los datos de la Cuenta General de 2008 de la Junta de Andalucía, a los que ha tenido acceso ABC, que todavía no se han hecho públicos y que están pendientes de fiscalización. Esta cifra es la suma de las obligaciones de pago reconocidas por la Administración socialista en 2008 y de las cantidades que, por ese mismo concepto, quedaron pendientes en los ejercicios de 2006 y 2007. De este montante global de más de cinco mil millones, la cantidad pagada ha sido de 3.835.453.282,60, por lo que la diferencia se acumulará a las cantidades pendientes a lo largo del ejercicio de 2009.
Para entender cómo se financian estas empresas, hay que recordar que la Junta de Andalucía le transfiere este dinero en concepto de subvenciones, encomiendas de gestión, ampliaciones de capital o la solicitud para que le realice un determinado servicio. No tienen un presupuesto propio como tal. De hecho, hay empresas, como el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que no han recibido en 2008 ni un euro de la Junta.
De los algo más de cinco mil millones de euros que la Administración andaluza reconoce que tiene que pagar a 31 de diciembre de 2008, hay que destacar la parte correspondiente a este único año (2008), que son 3.640.103.164,16, de los que ya ejecutó 2.490.285.619,86 euros. La cantidad reconocida que arrastra de los ejercicios de 2006 y 2007 es de 1.642.535.946,97 y lo pagado de 1.345.167.662,74. Esta deuda que arrastra es consecuencia de que, en algunas ocasiones, la Administración no es puntual en sus pagos. Aunque hay empresas, como es el caso de Cetursa Sierra Nevada, Infraestructura Turística de Andalucía o Promonev, en los que a final de 2008 la Junta les pagó el cien por cien de los compromisos adquiridos; hay otras, como la Agencia Andaluza de la Energía, a la que tan sólo le ha pagado un 19 por ciento; la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, a la que le ha abonado un 18 por ciento, o Verificaciones Industriales de Andalucía, que tan sólo ha ingresado el 12 por ciento.
Oscuro conglomerado
Aunque este oscuro conglomerado de empresas ha escapado siempre del control del Parlamento, de quien no puede escapar es de la lupa de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la legalidad que vigilan los tribunales de justicia. Estas dos instituciones sí que han alertado, en más de una ocasión, de las irregularidades que se producen en su funcionamiento. ¿Cuáles serían esas irregularidades? Fundamentalmente una: la de encargar, por parte de la Junta de Andalucía, las denominadas «encomiendas de gestión» a las empresas. En román paladino, encargar el trabajo de los funcionarios a los de las empresas públicas, que no lo son. Estas actitudes han terminado por soliviantar a los sindicatos, que han recurrido a la Justicia para hacer valer sus derechos, a través del Sindicato Andaluz de Funcionarios. Y le han dado la razón.
Un auto de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, adelantado por ABC en su edición del pasado día 11, ordenaba la suspensión cautelar de la encomienda de gestión de la Junta a la empresa Sadesi. El auto dejaba claro que este tipo de contrataciones a empresas públicas son «contrarias a la Ley y suponen el reflejo de la huida del derecho administrativo que está experimentando la Administración andaluza variando de contenidos las atribuciones y funciones de los funcionarios públicos».
La Justicia, en contra
El citado auto judicial señala que este tipo de trabajos pueden ser realizados «por los numerosos funcionarios que tiene la Administración autonómica a quien incumbe la planificación y racionalización de sus recursos humanos, sin necesidad de aumentar el gasto».
No es este el único recurso del sindicato andaluz a las encomiendas de gestión de la Junta a las empresas públicas. Tienen otros cinco, relativos a la encomienda de gestión de la Consejería de Medio Ambiente a Egmasa, de la de Igualdad a Fadais, de Empleo a Faffe y de Gobernación a Egmasa.
Si desde los tribunales de justicia se está poniendo freno a estas irregularidades, a la Cámara de Cuentas le corresponde lanzar advertencias sobre las mismas. Precisamente, la empresa Sadesi ha sido una de las auditadas por el organismo fiscalizador andaluz, en la que se han detectado mayores irregularidades. Esta empresa subcontrata los servicios que la Junta le encarga, lo que supone un aumento del coste para los andaluces. La Consejería de Innovación lo podría hacer directamente.
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